El tribunal de La Haya da la razón a Colombia frente a Nicaragua
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) falló este jueves a favor de Colombia en la última de las disputas legales de ese país contra Nicaragua por el espacio marítimo que rodea a las islas de San Andrés y Providencia.
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“La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”, dijo Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, sobre la demanda que Nicaragua puso contra Colombia ante ese tribunal en 2013.
Managua esperaba que su plataforma continental, el fondo marino que en este caso tiene recursos pesqueros y petroleros, se expandiera más allá de los 320 kilómetros, el límite usual que delimita la soberanía de los países en el mar.
La Corte argumentó que la soberanía de San Andrés y Providencia se vería afectada en caso de que dicha demanda favoreciera a Nicaragua.
Aunque el archipiélago está a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana, la soberanía sobre el mismo le pertenece a Colombia, hecho ratificado por dicha Corte en 2012.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y sus antecesores celebraron el fallo de este jueves.
Carlos Argüello, representante de la delegación nicaragüense, declaró en medios locales que su país “respeta la resolución” y celebró que la Corte ratificara que Nicaragua, como cualquier país, es soberano en los 320 kilómetros de mar que se desprenden de su costa caribeña.
“El territorio de Nicaragua por primera vez en su historia está prácticamente completo (…) faltan algunos pequeños puntos, y eso lo seguimos estudiando y será la Presidencia la que nos dará la instrucción de cómo vamos a seguir moviéndonos”, aseguró Argüello.
En todo caso, con la resolución del jueves, que no es apelable, se dan por terminadas las demandas de Nicaragua contra Colombia ante tribunales internacionales por la soberanía de una región históricamente disputada.
¿Qué viene ahora?
Aunque el aspecto judicial y político del pleito se ha resuelto, las condiciones sociales del archipiélago y la Costa de Mosquitos están pendientes de soluciones.
“Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, dijo el presidente Petro tras el fallo.
En efecto, los habitantes raizales de toda esta región, que incluye la costa nicaragüense y parte de Panamá, reclaman que ambos Estados tienen una deuda histórica hacia ellos, en la medida en que sus intereses económicos, culturales y políticos no han sido respetados.
El creole, su lengua nativa, no se enseña en los colegios. Los pescadores artesanales están acorralados por la pesca industrial. El desarrollo turístico de San Andrés, ahora en crisis, ha desplazado muchas prácticas culturales raizales.
Los servicios básicos están concentrados en los hoteles. La misma sustentabilidad de la isla está amenazada por la sobrepoblación, pues allí viven dos veces más personas de lo que, según estudios oficiales, el ecosistema soporta.
Además de esto, los raizales alegan que el pleito internacional rompió el intercambio comercial y cultural que estos pueblos han profesado por siglos. Incluso denuncian que desde Mangua y Bogotá se colonizaron sus tierras, sin respetar su vínculo cultural y económico con las mismas.
En ambos países vive gente de las mismas familias, pero durante décadas su contacto ha estado sometido a los diferendos entre Bogotá y Managua.
El pleito judicial, entonces, puede estar saldado, pero la deuda histórica hacia los pueblos raizales está pendiente.
